Las CCAA frenan la atención a nuevos dependendientes
Canarias (con el 57,9 por ciento de afectados), Galicia (45,4 por ciento) y Comunidad Valenciana (42,1 por ciento) son, por este orden, las comunidades autónomas donde los dependendientes no reciben la atención asignada puntualmente, según ha denunciado mediante un comunicado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para su presidente, José Manuel Ramírez, estos "vergonzosos porcentajes" son un reflejo de lo que se conoce como el "limbo de la dependencia". La entidad denuncia que en el último semestre, la incorporación de nuevos usuarios al sistema de prestaciones "se ha paralizado en la mayoría de autonomías".
Los porcentajes de asistencia, siguen decreciendo, según esta entidad, de esta forma: Baleares (38,7 por ciento), Cataluña (34,7 por ciento), Aragón y Extremadura, ambas con el 33,3 por ciento; Murcia (31 por ciento), Asturias (30,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (30 por ciento). Por debajo del 30 por ciento de dependientes, están Andalucía (28,8 por ciento), Navarra (24,8 por ciento), Madrid (17,5 por ciento), País Vasco (15,4 por ciento), Cantabria (14,4 por ciento), La Rioja (13,4 por ciento), Ceuta y Melilla (9,1 por ciento) y Castilla y León (7,5 por ciento).
El informe revela que en el último semestre del año, la mayoría de las autonomías "ha paralizado" el ritmo de crecimiento en cuanto a la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, en otras ha crecido moderadamente (País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla y León) y en otras ha decrecido y "ni siquiera manteniéndose la denominada tasa de reposición" (Aragón, Valencia, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla La Mancha).
La financiación, “una trampa” para las CCAA
En un comunicado, José Manuel Ramírez asegura que la financiación "tiene trampa en dos direcciones muy claras". Por un lado, la forma de financiación del 'nivel mínimo garantizado', impuesta por Real Decreto (no por la Ley), "no cubre en ningún caso los costes de atención cuando esta va más allá de las prestaciones económicas". Dada la escasez de estas cuantías, explican, "a poco que se entreguen servicios a las personas dependientes, la financiación estatal no cubrirá nunca en un 50 por ciento de aportación de las administraciones públicas". Por otra parte, señalan, "a medida que se avanza en cobertura y PIAS, el déficit de financiación se aumenta con el consiguiente perjuicio para las administraciones obligadas a atender a los ciudadanos/as: las comunidades autónomas".
La entidad urge a las autoridades a tomar diversas medidas con respecto al sector, como "eliminar el limbo de la dependencia y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la Ley", modificar el modelo de financiación, de forma que "se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas que se proporcionan", e "incentivar los recursos profesionales de la Ley y evitar el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidador no profesional".
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