LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA DE MADRID, PERTENECIENTE A LA COORDINADORA ESTATAL EN DEFENSA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (LAPAD) RECHAZA LAS VALORACIONES DE RAJOY.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de Madrid perteneciente a la Coordinadora Estatal de Plataformas, constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, colectivos y entidades sociales como AAVV, Colegios de Trabajadores y Educadores Sociales, Sindicatos, y ciudadanía en general, comprometida con la aplicación justa de la Ley; por lo que consideramos un desacierto las valoraciones realizadas por Rajoy según las cuales no es viable desde un punto de vista económico este sistema de atención, anunciando reformas sustanciales.
Las palabras de Rajoy conllevan la preocupación, ya que desde la Plataforma venimos denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en la Comunidad de Madrid y en otras Comunidades Autónomas.
La Coordinadora nació con el objetivo de vigilar la aplicación uniforme y equitativa de la Ley en el conjunto del territorio nacional. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente. Así mismo, son alrededor de 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neto de otros tantos.
Todas estas personas verían peligrar sus derechos, que deberían sufragar con recursos económicos propios.
Por ello exigimos a Rajoy que documente sólidamente sus declaraciones; una justificación que debe acreditar principalmente en relación con aquellas comunidades autónomas que, durante el período de bonanza económica, boicotearon deliberadamente la aplicación o manifestaron abiertamente su voluntad de privatizarla, como es la Comunidad de Madrid.
No obviamos que este anuncio se enmarca dentro de un contexto de propuestas de privatizaciones y desregulaciones aprovechando el contexto favorable de la crisis que buscan incrementar las desigualdades entre los españoles y discriminar a las clases más desfavorecidas de la sociedad.
Por ello, exigimos una rectificación inmediata, debido en parte a la inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio.