La financiación de la Ley de Dependencia enfrenta a autonomías y Ministerio
(Foto: Consejo Territorial de Dependencia de enero de 2011)
Madrid, capítulo aparte
El caso de la Comunidad de Madrid merece un capítulo aparte en la confrontación. Según los datos del Ministerio, el Estado aportó en 2010 el 74 por ciento a la financiación de la Ley en la Comunidad, por el 26 por ciento del Gobierno regional. Sin embargo, el consejero Salvador Victoria ha asegurado que los datos son exactamente al contrario, y que el Gobierno de Esperanza Aguirre aporta el 70 por ciento del presupuesto en materia de dependencia, el Ministerio el 20 y el usuario el 10 por ciento.
En este sentido, la presidenta Aguirre lamentaba días antes de la presentación del Informe del Ministerio que “pese a que la Ley decía que el Gobierno central sufragaría la mitad de los costes, eso por desgracia no ha sido así y apenas aporta uno de cada cuatro euros. El 50 por ciento no se ha cumplido y hoy la Comunidad de Madrid sufraga el 75 por ciento de la atención de los dependientes”. Así, según aseguraba Victoria, ha asegurado que este informe es “una manipulación al servicio del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba”.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presentó en el Consejo de Ministros del pasado 4 de noviembre un informe para la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que ha levantado ampollas.
De acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio, el Gobierno central aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) un 54 por ciento del presupuesto total para financiar el gasto nuevo (1.828 millones), es decir, “el relativo a las nuevas plazas y servicios respecto a las ya existentes en el 2005, así como las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia que se consideran que son nuevas”.
En este sentido, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia son los gobiernos autonómicos que menos aportan (10, 15, 26 y 27 por ciento respectivamente). En el extremo opuesto, País Vasco, La Rioja y Andalucía (64, 61 y 54 por ciento), que son las únicas autonomías que aportan más que la Administración General del Estado (AGE). Según marca la legislación, la financiación del gasto nuevo se realizará con las transferencias de la AGE y los copagos de los usuarios, debiendo aportar la comunidad autónoma, como mínimo, la misma cantidad que la aportada por la AGE en ambos conceptos. Así, según el informe ministerial, esta máxima se incumple en la mayor parte de los casos.
Las autonomías señaladas por este informe no han quedado conformes, y aportan datos que rebaten lo apuntado por el Ministerio. Así, según la consejera de Cultura, Deportes, Política Sociales y vivienda de Canarias, Inés Rojas, el gobierno canario “recibe del Estado tan solo 22 millones”, cuando el presupuesto para la aplicación de la Ley en esta comunidad “asciende a 97 millones”.
Por su parte, el secretario de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana, Joaquín Martínez, afirma que el informe “ofrece datos falsos para manipular en plena campaña electoral” y asegura que el coste mensual de la atención a la dependencia en la Comunidad asciende a 45 millones de euros, de los que 33,5 millones los aporta la Generalitat, y 7,5 millones corresponde a la financiación del Estado por los conceptos de nivel mínimo de protección y nivel acordado.
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